La democracia en México no es un regalo otorgado por el gobierno ni una concesión del poder político. Es, ante todo, una conquista ciudadana construida a lo largo de décadas de lucha, reformas y exigencias sociales que buscaban garantizar elecciones libres, transparentes y confiables.
Uno de los avances más importantes en este proceso fue la ciudadanización de los procesos electorales. A partir de las reformas electorales de finales del siglo XX, particularmente las de 1989-1990 y 1996, se establecieron instituciones y mecanismos que permitieron separar al gobierno que organizaba directamente dichas elecciones. Gracias a esto surgieron organismos autónomos encargados de vigilar y garantizar la legalidad de los comicios.
Estas reformas fueron resultado de presiones sociales y de un contexto político complejo que obligó a fortalecer la confianza en el sistema electoral. Eventos como la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio marcaron un momento decisivo para impulsar cambios que dieran mayor legitimidad al proceso democrático.
Entre los mecanismos que fortalecieron la confianza ciudadana destacan:
- La participación de ciudadanos como funcionarios de casilla
- Los funcionarios de casilla no forman parte del gobierno
- El uso de boletas con medidas de seguridad infalsificables
- El listado nominal lo controla solo personal capacitado por el INE
- Urnas transparentes
- Credencial vigente para poder votar
- Tinta indeleble para evitar el doble voto
- Conteo de sufragios realizado por los propios ciudadanos
- Existencia del PREP
Estos elementos, junto con herramientas como el conteo rápido, han permitido garantizar mayor certeza sobre los resultados electorales.
Sin embargo, el debate actual sobre nuevas reformas electorales ha encendido preocupaciones en distintos sectores sobre el posible debilitamiento de instituciones autónomas y de los mecanismos que aseguran la imparcialidad del proceso.
La reforme electoral propone los siguientes cambios:
- Eliminar diputaciones plurinominales, estos deberán hacer campaña a nivel nacional, pero esto se aprovechará para utilizar el “acordeón” aprobado por el TRIFE, como en la pasada elección del poder judicial.
- Reducción del 25% de presupuesto del INE, partidos, OPLES y tribunales, con esto se pretende debilitar a todos los organismos y partidos políticos y asi no puedan competir en circunstancias competitivas con el partido en el poder.
- Redes sociales y bots, con esto se pretende facultar al INE sobre presuntas “Fake News” y bots que puedan influencias a las personas, pero esto será usado como manera de censura en redes sociales y medios de comunicación, utilizando el instituto para fines completamente diferentes para los que fue creado.
- Eliminación del PREP, con esta desaparición se busca que las personas no conozcan en tiempo real el estado del conteo de las votaciones y de esta manera propiciar un fraude sin ninguna prueba de ello.
- Nepotismo y no reeleccion, aunque a primera instancia parece plausible, la verdadera naturaleza es que los partidos políticos no puedan crear una base política estable, si no más bien, que sean personas improvisadas con una previa consiga ya establecida por mandato del partido.
Ante este panorama, diversos analistas coinciden en que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a los partidos políticos, sino principalmente a la ciudadanía. La participación informada, el ejercicio del voto y la vigilancia del proceso electoral siguen siendo pilares fundamentales para preservar las libertades y los derechos democráticos que los mexicanos han conquistado a lo largo de los años.
